La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo tres órdenes de aprehensión contra los probables responsables del derrumbe en el pozo de la minera El Pinabete, SA de CV, por incurrir en el delito de explotación ilícita del subsuelo.

El 11 de agosto, la fiscalía solicitó audiencia judicial en contra de una persona por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita en El Pinabete; sin embargo, las investigaciones arrojaron que existen otros dos posibles responsables.

“Se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros”, informó la fiscalía.

El 3 de agosto se registró el derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros quedaron atrapados y cinco personas más lesionadas.

Los familiares de los 10 mineros atrapados en Sabinas aceptaron un plan de rescate presentado por el gobierno federal, que contempla continuar con la excavación para el rescate, un memorial y la respectiva indemnización.

Laura Velázquez, titular de Protección Civil, dijo entonces que se acordó hacer una excavación para acceder, en seis meses, a las galerías de la mina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se seguirá con el rescate de los mineros atrapados y después se hará el memorial.

Añadió que se pagarán indemnizaciones a las familias y no solo será lo convencional, debido a las condiciones de pobreza en las que viven.

El rescate de los mineros no se ha realizado porque primero se registró un “aumento abrupto” de agua, tras lo cual Protección Civil anunció que se realizaría un nuevo plan de rescate que incluía inyectar concreto para sellar el paso de agua que siga inundando el pozo.

Posteriormente, se abrió otro boquete de la mina vecina pero el rescate nuevamente no se llevó a cabo.

Suministro de agua en casa durante solo siete horas al día. Largas filas para recoger agua con cubos de camiones cisterna. Barcos encallados en superficies que albergaban ríos y que hoy lucen completamente secos.

Imágenes como estas dan cuenta de la grave sequía que se sufre desde hace varios meses en el norte de México, muy especialmente en el estado de Nuevo León y su capital Monterrey, la segunda ciudad más poblada y capital industrial del país.

“Somos víctimas de nuestro propio éxito”, reconoció hace unos días el gobernador de Nuevo León, Samuel García. “Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el estado”, dijo, de lo que responsabilizó a su predecesor en el cargo por “no haber invertido” lo suficiente en garantizar el abastecimiento de agua.

La falta de lluvias, la existencia de presas prácticamente vacías y el hartazgo cada vez mayor de la población llevaron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a firmar un decreto el pasado viernes en el que la crisis hídrica fue declarada como “un asunto de seguridad nacional”.

Según el mandatario, con sus medidas se aspira a garantizar el abastecimiento en Nuevo León durante los próximos “ocho o diez años”. Las autoridades fueron blanco de críticas por no haber previsto un plan con el que hacer frente a una sequía ya prevista por expertos en una región acostumbrada a este fenómeno.

Pero ¿qué es lo que causó esta situación extrema y qué factores podrían haberse tomado en cuenta para minimizar su impacto en la población?

La sequía que sufre el norte de México se debe principalmente a La Niña, el fenómeno climatológico debido a disminuciones en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial pero que, a nivel global, modifica los vientos y las precipitaciones.

“La Niña hace que deje de llover en el norte de México desde diciembre a mayo-junio e influencia un cambio de patrones que causa temperaturas más calientes y provoca esta sequía que seguimos viendo”, dice Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Tanto La Niña como su contraparte cálida El Niño pueden alterar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos. Ambos son eventos frecuentes pero, por lo general, no suelen durar más de un año.

“Lo sorprendente es que esta Niña dura desde 2020, es demasiado y es algo que no ocurría desde hace 20 años”, le explica a BBC Mundo la meteoróloga Domínguez Sarmiento.

Según la experta, son multitud de factores oceánicos los que están prolongando esta Niña causante de unas sequías que, como fenómeno natural que existe desde tiempos inmemorables, “no vamos a poder evitar”. Sin embargo, alerta, su crudeza sí se vera aumentada cada vez más por las condiciones de cambio climático.

“Los escenarios dicen que de aquí a diez o 20 años podríamos tener sequías más intensas y extremas, principalmente en el norte del país. Y serán más recurrentes. Es decir, que esta Niña que ya dura tres años podría volver a presentarse en un menor tiempo”, advierte.

La mitad del agua que se suministra al área metropolitana de Monterrey llega de pozos subterráneos, mientras que la otra mitad procede de tres presas con una capacidad total de 1.462,5 Mm³.

Pero, ante la falta de lluvias y con la excepción de El Cuchillo (dedicada principalmente a uso agrícola), sus pobres niveles de llenado lucen ahora alarmantes.

Las recurrentes sequías y el aumento de población en la región -que desde 1990 casi se duplicó hasta los 5,3 millones de personas en 2020- evidencia que “se debió haber invertido en proyectos y más infraestructura” hídrica, le dice a BBC Mundo Ramón Aguirre Díaz, exdirector del Sistema de Aguas de Ciudad de México.

El ingeniero civil experto en agua y saneamiento recuerda el proyecto Monterrey VI, un acueducto que pretendía llevar agua a Monterrey desde el río Pánuco de Veracruz y que fue cancelado en 2016 entre cuestionamientos por posibles daños ecológicos y sociales de la obra.

“El problema es que, al cancelarse, se dijo que había hasta 15 alternativas en estudio… y no fue hasta 2020 que empezaron a construir la presa Libertad, con mucha menos capacidad que Monterrey VI”, critica.

En el decreto presidencial firmado este viernes, se incluyó financiamiento para la construcción del acueducto El Cuchillo II y la finalización en 2023 de la presa Libertad, algo que activistas ambientales consideraron una buena solución “a mediano plazo”.

Según cifras oficiales, la mayor parte del uso del agua en Nuevo León se destina a la suma de uso agropecuario e industrial. Gran parte de estas grandes empresas en Monterrey funcionan mediante la explotación de pozos, gracias a acuerdos de concesión alcanzados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por un período concreto de años.

Por ello, muchos reclamaron que también se impusieran limitantes a estos sectores en el uso de agua. El propio presidente López Obrador llegó a pedir a las refresqueras y cerveceras de la región que redujeran o incluso detuvieran su producción para destinar a consumo de la población todo el agua que utilizan en sus fábricas…

En las últimas semanas, varias empresas anunciaron que cederían parte de sus concesiones de agua. Hasta el pasado viernes, la Conagua había firmado convenios para que las industrias aporten 500 litros por segundo a la red de agua potable, mientras que las zonas agrícolas citrícolas aportarán hasta 1.000.

Sin embargo, y debido a que estas cifras siguen sin ser suficientes, el decreto firmado por López Obrador da luz verde a imponer un aumento de estas cesiones al contemplar que las autoridades puedan reducir provisionalmente y durante al menos seis meses el volumen de agua de las empresas concesionadas, que quedarán liberadas de su pago mientras dure la iniciativa.

“Esta medida llega tarde porque este pronóstico de crisis se conoce desde hace al menos 18 meses y también es insuficiente: el consumo de la industria y lo agrícola es muy grande y se deberían aumentar esos volúmenes de cesión”, cuestiona Antonio Hernández, biólogo experto en asuntos de política ambiental de Monterrey.

En entrevista con BBC Mundo, Hernández pone como ejemplo que la acerera Ternium, la empresa con mayor concesión de agua en el estado, cuente con un volumen de líquido que supone “el 98% de lo que requeriría la población de Monterrey”.

“El progreso tecnológico es totalmente legítimo. Lo que no lo es fue haber privilegiado y poner todos los huevos en la canasta de la industrialización, dejando de ver la importancia de la naturaleza y sus recursos naturales. Monterrey es ejemplo de ello”, le dice a BBC Mundo Luis Gerardo Esparza, ingeniero agrónomo especialista en desarrollo rural.

Pero gran parte de la vida productiva de Monterrey está unida a dichas actividades industriales, que a la vez son unas de las grandes consumidoras del agua. “Si no funcionaran (esas empresas), generarías otro problema de índole más socioeconómica. Por eso, lo justo sería regular y actualizar los volúmenes que realmente necesita la industria”, responde Hernández.

La deforestación es también es uno de los factores a tener en cuenta para entender las recurrentes sequías en la zona.

“Los incendios forestales son el principal motivo de que estén degradadas las cuencas en las áreas naturales de las que se extrae el agua que abastece a Monterrey”, recuerda Hernández, quien calcula en unas 21.000 hectáreas la extensión quemada en los últimos dos años.

Según el activista ambiental, los gobiernos no pueden aumentar la extracción de agua hasta comenzar un proceso de restauración ecológica de esas cuencas que son “la fábrica de agua de Monterrey, eso es fundamental”.

“Los incendios acaban con la corteza forestal y aumenta el azolve (lodo o basura) que va a dar a los lechos de los ríos, que en esta zona va fundamentalmente al río Santa Catarina. Se tiene que hacer una inversión gigantesca para extraer esos millones de metros cúbicos de grava y cascajo”, agrega Esparza, coautor de un estudio sobre las crisis del agua en Monterrey desde 1597.

Otro factor a mejorar señalado por expertos es la necesidad de mejorar la educación ambiental entre la población y fomentar un uso más responsable del agua en una región en la que se localizaron diversas tomas clandestinas que desviaban agua hacia ranchos y terrenos privados.

Aguirre Díaz cree que la verdadera solución pasaría por una revisión y aumento de tarifas para las personas cuyos medidores reflejen un mal hábito de consumo de agua. “Esto se resuelve haciendo que a la gente le cueste desperdiciar”, apunta.

Pero Hernández cree que sería más efectivo abaratar las tarifas a quienes utilicen infraestructuras que reducan el consumo.

“Si el gobierno establece estímulos tarifarios para quienes instalen sanitarios o regaderas ahorradoras, por ejemplo, sería algo más favorable y exitoso entre la población”, dice.

En este escenario, la mayor incógnita es ¿hasta cuándo durará esta situación de grave sequía?

La meteoróloga Domínguez Sarmiento asegura que las previsiones actuales apuntan a que La Niña se extenderá al menos hasta final de año.

“En noviembre habrá que volver a analizar los modelos para ver qué nos dicen respecto a 2023, pero se esperaría que termine en diciembre y ya se transicione a una fase neutra”, pronostica.

Sin embargo, eso no quiere decir que la gravedad de la sequía se vaya a mantener hasta entonces. Una vez que México entra en la temporada de lluvias entre julio y agosto, se espera que las precipitaciones aumenten gradualmente y disminuya la extensión de la sequía actual.

La experta destaca que “estados del norte como Chichuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo León dependen de que exista algún ciclón tropical que toque tierra y que deje alta cantidad de lluvias”.

“Eso es lo que se está esperando y es habitual que ocurra en el mes de septiembre. Ahí es cuando podría terminar la sequía”, concluye.

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