De cara a los procesos electorales de 2023 y 2024, la dirigencia de Morena consolidó su estructura de operación política y movilización del voto al incluir en sus órganos directivos a gobernadores, legisladores, secretarios estatales, dirigentes locales, alcaldes y regidores.

Animal Político revisó los perfiles de los 200 militantes —100 hombres y 100 mujeres— que fueron electos el sábado pasado como integrantes del Consejo Nacional, órgano de dirección que toma decisiones en la conformación de la plataforma electoral y de las listas de candidaturas a puestos de elección popular.

Congresistas nacionales consultados por este medio afirmaron que la dirigencia del partido —encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández— acordó con los gobernadores morenistas incluir tanto en el Consejo como en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a personas que responden a los intereses de los propios mandatarios, así como a integrantes de la Secretaría de Bienestar y la estructura de superdelegados, que tienen a su cargo los programas sociales.

En las listas de consejeros nacionales destacan posiciones acaparadas por personas cercanas a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, y a otros gobernadores como Rutilio Escandón, de Chiapas; Cuitláhuac García, de Veracruz; Salomón Jara, de Oaxaca; Miguel Barbosa, de Puebla; Indira Vizcaíno, de Colima; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Alfredo Ramírez, de Michoacán, y Alfonso Durazo, de Sonora.

También figuran funcionarios federales, diputados, senadores, alcaldes, regidores y presidentes estatales del partido, todos estos últimos propuestos o ratificados por Mario Delgado.

Al Consejo Nacional lograron colarse pocos operadores de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aspirantes a la candidatura presidencial junto con Sheinbaum.

Ebrard cuenta con el respaldo del diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, miembro de La Luz del Mundo , y de Daniel Sibaja, diputado local del Estado de México, mientras que el secretario López Hernández es representado en el Consejo por José Ramiro López Obrador —hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien fue subsecretario de Asuntos Fronterizos en Tabasco cuando el titular de Gobernación era mandatario—, así como por la diputada Andrea Chávez, recién convertida en secretaria de Comunicación del CEN.

Por parte de la estructura de programas sociales, en el Consejo Nacional fue incluida Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Bienestar, y Gabriel García Hernández, quien armó la coordinación de superdelegados desde la Presidencia de la República y que, anteriormente, fue secretario de Organización electoral del CEN de Morena.

También se integró Carlos Alonso Castillo Pérez, cercano a la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, y quien, además de consejero, será secretario de Movimientos Sociales del CEN. De igual modo se unieron al Consejo Carlos Ulloa Pérez, secretario de Bienestar del gobierno de Sheinbaum, y dos colaboradores de la misma dependencia: Rigoberto Salgado, exalcalde de Tláhuac y actual coordinador general de Participación Ciudadana en la CDMX, y Diego Alejandro Villanueva González, director ejecutivo de Participación Ciudadana en Coyoacán. 

La secretaria de Bienestar del gobierno de Colima con Indira Vizcaíno, Dulce Huerta Araiza, también se volvió consejera, lo mismo que la titular de Bienestar del gobierno de Chiapas con Rutilio Escandón, Adriana Grajales, quien a su vez será secretaria de Mujeres del CEN.

En el Consejo también hay experimentados operadores electorales. Es el caso de Gabriela Jiménez Godoy y su esposo Edgar Francisco Garza Ancira, quienes fundaron y dirigen la organización Que Siga la Democracia , que ha financiado —de manera opaca— la promoción de iniciativas como la consulta de revocación de mandato y del “juicio a expresidentes”.

Sheinbaum es la mandataria morenista que más colaboradores activos de su gobierno logró colocar en el Consejo.

A través de su secretario de Gobierno, Martí Batres, logró incluir a Julio Pérez Guzmán, director ejecutivo de Vinculación y Relaciones Intergubernamentales de dicha institución. También a Francisco Chíguil, alcalde de la Gustavo A. Madero y excolaborador de Batres, y al veracruzano Marco Antonio Medina Pérez, que fue secretario de Finanzas del CEN morenista durante el periodo en que Batres fue presidente del partido.

Otro funcionario capitalino es Rodrigo Chávez Contreras, coordinador ejecutivo de Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda (Invi).

El mandatario chiapaneco, Rutilio Escandón, es otro que coló a sus colaboradores en el Consejo. Por ejemplo, Javier Jiménez, su secretario de Hacienda; José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud; Emma Itzel Orantes Ortega, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, además de la ya citada titular de Bienestar, Adriana Grajales.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, colocó a su secretaria del Trabajo, Dorheny Cayetano, y a la directora general de Telebachilleratos, Iraís Dalila Reyes Cruz. A su vez, el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, incluyó a Julio Miguel Huerta Gómez, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación estatal, y a Vianey García Romero, subsecretaria de Igualdad.

El sonorense Alfonso Durazo —quien presidirá el Consejo Nacional— logró incluir a uno de sus más cercanos operadores, Jesús Valencia, exdelegado de Iztapalapa y exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, colocó a Jesús Mora González, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, y a Nalleli Pedraza Huerta, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo, mientras que el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, incluyó a Adriana Aguilar Blanquel, directora de Recaudación de la Secretaría de Hacienda estatal.

El gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, coló a su secretario particular, Norberto Barrón Barragán, y el mandatario electo de Oaxaca, Salomón Jara, metió a su hija, Bxido Xishe Jara Bolaños, quien, además de consejera nacional, será secretaria de Pueblos Originarios del CEN de Morena.

Perdedoras en los pasados comicios estatales para renovar gubernaturas, Nora Ruvalcaba, de Aguascalientes, y Marina Vitela, de Durango, se convirtieron en integrantes del Consejo.

El dirigente nacional de Morena, quien recientemente extendió un año su mandato con apoyo de congresistas , también logró que sus colaboradores o políticos nombrados por él accedieran al Consejo.

Es el caso de Javier Cabiedes y Alejandro Peña, quienes, además de consejeros, son secretarios de Finanzas y Organización de la dirigencia morenista. El secretario técnico del CEN, Rafael Estrada Cano, también logró ingresar al Consejo.

Igualmente fueron incluidos los dirigentes estatales de Morena “palomeados” por Delgado y quienes tienen el control de la estructura electoral local, como Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Comité Ejecutivo de Michoacán; César Castro Ponce, de Baja California; Favio Castellanos Polanco, de Jalisco; Rubén Flores Márquez, de Zacatecas; Rómulo Pérez Sánchez, de Tamaulipas; César Raúl Ojeda Zubieta, de Morelos, así como Ramiro Alvarado Beltrán, secretario de Organización del Comité Ejecutivo de Nuevo León; Armando Pérez Soria, coordinador regional en el Edomex, y Andrés Iván Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal en Puebla.

Entre los nuevos 200 integrantes del Consejo Nacional hay nombres de legisladores federales y estatales con capacidad de movilización a nivel local.

Destaca el nombre de un senador, Gilberto Herrera Ruiz, por Querétaro, y de los diputados federales Hamlet García Almaguer, de Jalisco —quien también forma parte de La Luz del Mundo—; Armando Corona Arvizu, del Edomex; Bruno Blancas Mercado, de Jalisco; Adriana Bustamante Castellanos, de Chiapas; Nelly Minerva Carrasco, del Edomex; Aleida Alavez, de la CDMX; Esther Berenice Martínez Díaz, de Nuevo León, y Lorena Méndez, de Tabasco.

Hay 22 diputadas y diputados locales de varios estados y 15 alcaldes. Entre estos últimos destacan los nombres de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua; Francisco Javier Velázquez Vallejo, de Poza Rica, Veracruz; Darwin Renán Eslava Gamiño, de Coacalco, Edomex; Francisco Chíguil, de Gustavo A. Madero, y Armando Quintero, de Iztacalco, ambas alcaldías de la CDMX; Marcelo Toledo Cruz, de Tuxtla, Chiapas; Adolfo Cerqueda, de Nezahualcóyotl, Edomex; Sandra Cruz Falcón Venegas, alcaldesa de Texcoco, Edomex; Berenice Hernández Calderón, de Tláhuac, CDMX, y Susana Quezada, de Tizayuca, Hidalgo.

En los últimos días varias personas han sido detenidas en Reino Unido por protestar durante los actos oficiales con motivo de la muerte de la reina Isabel II y la proclamación de su sucesor, el rey Carlos III.

Paul Powlesland no está entre ellos. Pero este abogado británico fue protagonista de un polémico incidente el 12 de septiembre.

Powlesland dice que mientras sostenía un papel en blanco en Parliament Square, la plaza junto a la sede del Parlamento británico en Londres, fue abordado por un policía que le pidió sus datos.

El abogado, quien filmó parte de su conversación con el policía y la publicó en Twitter, afirmó que le dijeron que lo arrestarían si escribía “No es mi rey” en el papel en blanco.

Manifestaciones “en blanco” similares fueron vistas en Edimburgo durante el paso del cortejo de la reina, sin informes de arrestos. Sin embargo, el video de Powlesland llevó a la Policía Metropolitana de Londres a declarar que el público tenía “derecho a protestar”.

“El público tiene absolutamente todo el derecho a protestar y hemos dejado esto en claro a todos los agentes involucrados en la operación policial extraordinaria que se lleva a cabo actualmente”, tuiteó la Policía Metropolitana el 12 de septiembre.

No es la primera vez que se utiliza una hoja de papel en blanco para protestar, pero estas acciones se ven con mayor frecuencia en países donde es común la represión autoritaria de la disidencia.

Por ejemplo, en 2019, un joven activista en Kazajstán, Aslan Sagutdinov, fue detenido por la policía después de llevar un cartel en blanco a la céntrica plaza Abay de la ciudad de Oral, en el oeste del país, y sostenerlo frente a las oficinas de las autoridades locales.

“No participo en una protesta y quiero demostrar que me llevarán a la comisaría, aunque no haya nada escrito en mi cartel y no esté gritando consignas”, dijo el joven de 24 años a la prensa, según puede verse en el siguiente video del incidente.

https://www.youtube.com/watch?v=P0HrQ2y_8Nc

Katrina Navickas, experta en historia de protestas y acciones colectivas de la Universidad de Hertfordshire, en Reino Unido, señaló que las protestas con carteles en blanco siguen los pasos de otras formas satíricas de disidencia que se remontan al siglo XVIII.

“El movimiento democrático cartista en la década de 1840 realizó manifestaciones al aire libre en silencio como protesta contra las autoridades locales que reprimían sus reuniones habituales”, dijo Navickas a la BBC.

(El cartismo fue un movimiento popular obrero que surgió en el siglo XIX en Reino Unido durante la Revolución Industrial. Su nombre deriva de un documento de peticiones llamado la “Carta del Pueblo”).

Navickas contó que también “en Manchester en 1795 se formó un ‘Club de pensamiento’ que celebraba reuniones en silencio para protestar contra leyes sobre ‘reuniones sediciosas’ y grupos democráticos”.

Pero protestar con carteles sin eslóganes, símbolos o incluso colores que representen una causa política es algo que, según la experta, no se había dado en un período más reciente de la historia.

“Esto parece ser una innovación, aunque en la tradición de la subversión satírica de las restricciones de autoridad“, agregóNavickas.

(La siguiente foto publicada en Twitter aparentemente muestra el arresto de un manifestante ruso contra la guerra con un cartel en blanco)

https://twitter.com/khadljasays/status/1569701229009281025/photo/1

También se han visto carteles en blanco en Rusia durante las últimas dos décadas, pero se han vuelto mucho más comunes desde la invasión de Ucrania en febrero de este año. Las autoridades rusas han reprimido enérgicamente las protestas contra la guerra y hasta el 17 de agosto se habían producido en el país más de 16.000 detenciones, según OVD-Info, una iniciativa rusa de investigación sobre derechos humanos.

En redes sociales y medios de comunicación independientes han aparecido historias sobre arrestos de manifestantes con carteles en blanco en varias ciudades rusas.

Irónicamente, un viejo chiste de la era soviética se centra en el arresto de una persona que reparte folletos en blanco en la Plaza Roja de Moscú.

Navickas dice que este tipo de protesta puede resultar particularmente “molesta” para las autoridades.

“Al igual que las protestas silenciosas, es más difícil para la policía probar que se está cometiendo un delito o que existe la intención de cometer un delito”, señaló la experta.

Las protestas de Hong Kong de 2020 contra una nueva ley de seguridad impuesta por China, que criminalizaba algunos eslóganes a favor de la democracia, también incluyeron carteles en blanco.

Uno de los manifestantes, un hombre de unos 50 años, dijo a la agencia de noticias Reuters que como “todo el mundo se sabe las consignas de memoria”, no había necesidad de escribirlas. Lo importante, agregó, era resaltar la censura.

“Estas consignas siempre estarán en mi corazón y esas palabras siempre quedarán en un papel blanco, que nunca desaparecerá”, agregó el hombre.

Todos los ciudadanos en Reino Unido tienen derecho a protestar pacíficamente.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión se establecen en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se incorporó a la legislación británica en 1998 en la Ley de Derechos Humanos o Human Rights Act.

Pero hay límites para estos derechos. Otras leyes permiten que la policía restrinja las libertades cuando sea necesario y proporcionado hacerlo, particularmente para proteger la seguridad nacional y pública o prevenir el desorden o el crimen.

Los manifestantes pueden ser arrestados bajo la Ley de Orden Público o Public Order Act. La sección 5 de esta ley otorga a la policía de Inglaterra y Gales el poder de arrestar a alguien cuyo comportamiento pueda causar “acoso, alarma o aflicción”. Los manifestantes pueden ser además multados si se les acusa formalmente de este delito.

Sin embargo, grupos de derechos civiles han expresado preocupación por el arresto de manifestantes antimonárquicos en Reino Unido. Uno de esos grupos, Liberty, dijo que era “muy preocupante ver a la policía haciendo valer sus amplios poderes de una manera tan dura y punitiva”.

“La protesta no es un regalo del Estado, es un derecho fundamental”, dijo Jodie Beck, responsable de políticas y campañas de Liberty.

Al menos en el caso de Paul Powlesland, el clamor en las redes sociales contra la respuesta policial funcionó.

El abogado tuiteó el 14 de septiembre que él y un grupo de manifestantes, algunos con pancartas en blanco y otros con lemas contra la monarquía, protestaron sin problemas frente al Palacio de Westminster.

“Los policías en el terreno siguieron la declaración emitida por la Policía Metropolitana y nos dejaron solos. Creo que esto representa una verdadera victoria, que fue resultado de la reacción y la presión del público”, tuiteó el abogado.

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